Propuesta presidencial y necesidades educativas especiales

FORO PÚBLICO
Propuesta presidencial y necesidades educativas especiales

La voz de este colectivo ha sido la más silenciada, particularmente por un entorno que aún no internaliza cabalmente los diversos planos que inciden en una educación de calidad para ellos.





Maria Soledad Cisternas

Directora del programa jurídico sobre discapacidad de la U. Diego Portales

APLAUDIMOS CON FUERZA que la Comisión Asesora Presidencial de Educación incluya en su debate la realidad de alrededor de 20% de los estudiantes, que presentan necesidades educativas especiales (NEE) y que, en contrapunto, se refiere a barreras para el aprendizaje y la participación. Hoy, el acento no debe estar en las deficiencias del estudiante, sino en la respuesta educativa y su entorno. En otras palabras, se debe apuntar hacia los obstáculos ligados al sistema de instrucción general, las normativas y políticas de la enseñanza especial, la formación de docentes y otros profesionales vinculados con la educación tanto común como especial, el financiamiento e incluso la familia y la comunidad.

Según el Informe Warnock de 1978, el abordaje de las mencionadas necesidades educativas se efectúa por la provisión de medios especiales de acceso al currículum, provisión de un currículum especial o modificado y particular atención a la estructura social y ambiente emocional donde tiene lugar la educación. Por tanto, la atención de las NEE se realiza por la eliminación de las barreras que enfrentan dichos estudiantes, aplicándose a ellos los mismos fines educativos que al resto, con independencia de las dificultades que deben sortear, en el marco del cambio de paradigma que significa hablar hoy de un sistema de educación inclusiva, donde la valoración de la diversidad social es un eje fundamental. Este nuevo modelo concibe al educando como titular de derechos: la igualdad de oportunidades, la no-discriminación, la identidad personal y la tecnología accesible de acuerdo con sus requerimientos.

Ya desde la Conferencia Mundial de Educación para Todos (Jomtien, 1990), se adoptaron compromisos de parte de distintos Estados, a fin de implementar medidas para universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad. En el Foro Mundial sobre Educación (Dakar 2000) se destacó la prioridad que deben dar los gobiernos a la situación de los grupos vulnerables de la sociedad en este ámbito. En consecuencia, para Chile se abre hoy la posibilidad de concretar sus compromisos internacionales, en orden a considerar prioritariamente los enfoques de las NEE y su traducción en el perfeccionamiento legal y las nuevas concepciones de políticas públicas transversales en la materia.

Ello implica una cosmovisión amplia, pero certera, de modo que la propuesta presidencial llegue en su concreción a miles de chilenos y chilenas cuyas expectativas muchas veces han resultado invisibles. Sin duda, el cambio en esta área deberá ser profundo y llegar al detalle en todos los tópicos que sean necesarios. En esta línea, se debe relevar la situación de un particular sector que presenta NEE, cual es el de los estudiantes con discapacidad, que según estudios es 5% de la población estudiantil. Sin duda, la voz de este colectivo ha sido la más silenciada, particularmente por un entorno que aún no internaliza cabalmente los diversos planos que inciden en una educación de calidad para ellos. A modo de ejemplo, es preciso que la declaración presidencial en cuanto a que “...los jóvenes deben poder llegar a sus escuelas y liceos y movilizarse de vuelta a casa, sin restricciones arbitrarias”, se conjugue con la existencia de transporte accesible en todo el territorio nacional para las personas con discapacidad física.

De igual modo, cuando se anuncia que “el talento y la dedicación sean las únicas puertas de entrada a la universidad”, debe compatibilizarse con la regulación de un procedimiento para que las personas ciegas puedan rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de modo adecuado y que las universidades también realicen lo propio para el ingreso y mantención de este sector de la población en sus planteles. Lo mismo si la autoridad espera que “nuestros jóvenes estudien tranquilos y en buenas condiciones”: ahí está la necesidad de que a las personas con sordera se les brinde accesibilidad informativa a las clases, particularmente con la interpretación en lengua de señas. Este enfoque es apoyado por la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA (ratificada por Chile) y por los trabajos realizados por la ONU que culminaron con un proyecto de convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el que se estima será aprobado por la Asamblea General en los próximos días.