Bonanza Económica t rezago estatal

Bonanza económica y rezago estatal
La postergación de políticas destinadas a una efectiva reforma modernizadora del Estado que, naturalmente, incluye la modernización de la Administración Pública, tiene muchas razones, empezando por su complejidad y por la notoria escasez de liderazgos y fuerzas políticas audaces.





Antonio Cortés Terzi

Director ejecutivo del Centro de Estudios Sociales Avance

Durante la última campaña presidencial fue Enrique Barros -un intelectual que honra tal oficio- quien planteó, probablemente, con más fuerza la necesidad de que las candidaturas asumieran o reasumieran, en un rango de primera jerarquía, el tema de la modernización del Estado. Huelga recordar que ni la actual Presidenta ni sus contendores de entonces hicieron caso de la justificada propuesta de Barros. Y el problema no es que el tema esté ausente. El problema es que ha devenido en un asunto rutinizado y circunscrito a focalizaciones y medidas que desnaturalizan sus aspectos esenciales.

La modernización del Estado, como preocupación gubernamental y como tema de reflexión y discusión, ronda en Chile desde hace años. Sin embargo, nunca ha terminado de asumírsele en su integridad ni se ha plasmado en un proceso diseñado para materializarlo mediante reformas que den cuenta de esa integridad. Transformaciones modernizadoras ha habido y algunas de excelente factura y con encomiables resultados. Pero se han realizado, en general, atendiendo áreas o criterios puntuales de la Administración Pública (AP) o reformando algunos cuerpos institucionales específicos sin que tales cambios estén inmersos en una conceptualización global de reforma que explicite un imaginario de forma-Estado moderno.

Lo que se ha planteado en estas materias, en rigor y en el marco de lo real-concreto, no son reformas o modernizaciones del Estado, sino, en lo sustantivo, de la AP.

Podría excusarse que los agentes gubernamentales y políticos usen el término Estado para referirse a modernizaciones que, en la práctica, se restringen a la AP. Podría excusarse por cuanto en el lenguaje masivo ambos vocablos se confunden y se tornan sinónimos. Pero no son excusables dos cosas que también derivan de esa confusión. En primer lugar, aunque las modernizaciones se limitaran a la AP, las reformas modernizadoras no pueden referirse -como se hace- sólo a las funciones de servicios que ésta cumple o, dicho con más precisión, las modernizaciones no pueden concebirse independizando tales funciones del carácter político de las instancias de la administración en tanto aparatos e instrumentos del Estado. Las modernizaciones de la gestión aparte de sus contenidos técnicos han de estar inmersas en visiones de modernización política.

En segundo lugar, modernizar seriamente la AP es inconcebible sin un proceso de modernización del Estado en virtud de una concepción de Estado moderno. Dicho de otra manera, modernizar la gestión no es una cuestión neutra o unívoca. Es una ligada orgánicamente a conceptualizaciones sobre el Estado; por ende, es o debiera ser inseparable de procesos globales de modernización del Estado. De lo contrario, modernizaciones “autónomas” y compartimentadas de la AP fácilmente y de facto son orientadas por lógicas mercantiles y bajo el prisma de un Estado subsidiario y complementario del mercado, lesionando la esencialidad política del Estado.

La postergación de políticas destinadas a una efectiva reforma modernizadora del Estado que, naturalmente, incluye la modernización de la AP, tiene muchas razones, empezando por su complejidad y por la notoria escasez de liderazgos y fuerzas políticas audaces. Pero quizás si lo que más influye en esa postergación sean dos apreciaciones que están muy entronizadas en las culturas políticas chilenas. Una de esas apreciaciones conduce a la desvalorización o incomprensión del papel que desempeña la política como factor clave en el desarrollo de las naciones, entendiendo que la política es la principal mecánica que tienen las sociedades para erigirse y comportarse como cuerpos organizados y ordenados tras finalidades compartidas. Discursivamente esta apreciación aparece morigerada, pero se vuelve muy elocuente si se presta atención a las reacciones negativas y transversales que genera cualquier proposición que implique invertir recursos en la actividad política.

Y la segunda apreciación tiene que ver con la noción de Estado. Por diversas dinámicas históricas, en Chile la noción de Estado que se maneja distorsiona su esencialidad, la cual se puede expresar en dos ideas centrales: ser la síntesis de la “sociedad organizada” y la cabeza dirigente de la misma.

En tal sentido, la modernización del Estado no apunta a los estados con apellido: ni al Estado-gendarme, ni al Estado-subsidiario, ni al Estado-benefactor, etc. Debería apuntar, en lo sustantivo, a la eficiencia del Estado en su connotación de principal cuerpo político dirigente que se desenvuelve en una sociedad caracterizada por los nuevos parámetros que introduce la modernidad.

Insistir hoy en este tema y en la magnitud descrita, podría interpretarse como extemporáneo o academicista. No obstante, la insistencia está motivada por una realidad muy actual y concreta, a saber, por la convicción que el país no optimizará el empleo de los cuantiosos recursos adicionales de los que dispone el fisco simplemente porque el Estado no está en condiciones de sacarles todo el provecho potencial, merced a sus rezagos en cuanto a modernización.

Ojalá esta experiencia sirva para sensibilizar sobre este asunto. Si su postergación se mantiene indefinidamente se pueden augurar otras frustraciones similares y originadas en la misma causa: rezago en la modernización del Estado.

Publicado con autorización del Centro de Estudios Sociales Avance