Las familias, el Estado y la equidad escolar

DEBATE EDUCACIONAL
Las familias, el Estado y la equidad escolar
En un sistema educativo regulado en buena medida por el mercado, cada familia sabe que debe decidir sola el futuro de sus hijos, pues no existe una institucionalidad pública que ofrezca alternativas de formación de calidad.





María Teresa Rojas

Investigadora de la Facultad de Educación de la U. Alberto Hurtado

SEPTIEMBRE ES UN mes de grandes anuncios en materia educacional. Por una parte, el Gobierno comunicó hace unos días que inyectará fondos importantes en el sistema educativo; por otra, estamos a pocos días de conocer el primer informe del Consejo Asesor de Educación. Los esfuerzos por mejorar la enseñanza nacional han sido constantes en estos últimos 16 años, pero parecieran insuficientes ¿Por qué es tan difícil solucionar los problemas de instrucción que tiene el país y de esta manera revertir la inequidad escolar?

Las respuestas son múltiples, complejas e involucran a distintos actores sociales, entre ellos a las familias. Pensemos en el derecho a elegir el establecimiento en el que se educarán nuestros hijos. Muchas familias creen que es justo escoger el colegio (aunque debemos recordar que también escuelas seleccionan a sus alumnos), porque buscan una formación que los distinga del resto. Sus decisiones poseen argumentos razonables: que sus hijos adquieran competencias que les permitan desenvolverse exitosamente en el mundo. Su intención, por tanto, no es contribuir a la desigualdad social, sino asegurar que la educación de sus hijos será mejor. Ellos los matricularán en colegios que reduzcan la incertidumbre de los malos resultados académicos. Es decir, no por la enseñanza municipal (excepto cuatro o cinco liceos emblemáticos del país) y sí por colegios en los que encuentren a “sus iguales”, de manera que puedan dialogar culturalmente con personas que comparten expectativas, intereses y valores. De este modo, sin que exista la voluntad premeditada de contribuir a la segregación escolar, la dinámica de las decisiones familiares produce y profundiza la distinción entre alumnos y colegios. Las decisiones individuales refuerzan la lógica estructural del sistema educativo chileno y profundizan la homogeneidad social y cultural de cada establecimiento. El derecho familiar a elegir un establecimiento se transforma en una fuente más de segmentación escolar.

En un sistema educativo regulado en buena medida por el mercado, cada familia sabe que debe decidir sola el futuro de sus hijos, pues no existe una institucionalidad pública que ofrezca alternativas de formación de calidad. Es probable que muchas familias de clase media o de profesionales estén dispuestas a matricular a sus hijos en escuelas públicas siempre que ellas garanticen resultados académicos. Cuando este escenario no existe, sólo resta pensar que la enseñanza de nuestros hijos depende de la decisión acertada que cada individuo o familia realice. La inequidad escolar es un problema que afecta a los más pobres y también condiciona las decisiones de quienes no lo son ¿Es posible intervenir este proceso y evitar que las decisiones familiares profundicen la segmentación? La respuesta depende en parte importante de otro actor relevante: el Estado.

Muchos estudios indican que las personas valoran la igualdad escolar y expresan su malestar ante la inequidad educacional del país. También está estudiado que la calidad de los resultados académicos tiene alta relación con la heterogeneidad social y cultural de cada aula. Entonces, cabe preguntarse ¿qué tipo de políticas públicas son necesarias para crear contextos educativos que disminuyan la incertidumbre de las familias de clase media y favorezcan que prefieran escuelas públicas en las que exista diversidad social y cultural? Claramente, para lograrlo, no es suficiente que el Estado cree programas de focalización para las escuelas más pobres. Es preciso que genere escenarios que favorezcan la creación de escuelas socialmente integradas. Supone, entre otras cosas, tener una opción clara por la enseñanza municipal, dotarla de más recursos, tiempo y redes que le permitan ser una alternativa atractiva para todas las familias de una comuna. Implica, entre otras cosas, otorgar más subvención estatal a un municipio pobre que a un sostenedor privado que tiene posibilidad de cobrar una mensualidad adicional a las familias. Para mejorar la calidad de la instrucción, debe existir mayor equidad e integración social en las escuelas.

Las decisiones familiares ante la educación podrían sufrir una transformación, pero para ese propósito urge un compromiso estatal profundo con una enseñanza pública de gran calidad que asegure oportunidades efectivas de aprendizaje. De lo contrario, seguiremos tomando decisiones que segmenten más el sistema escolar chileno.