Escuelas de buena y mala calidad

Escuelas de buena y mala calidad en Chile
Es necesaria una regulación que distribuya recursos en los establecimientos y evite que ellos se concentren o depriven en algunos colegios por efectos del tipo de regulación actual.
.Javier Corvalán
Director de Magíster en Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado
¿POR QUÉ EN Chile hay escuelas de buena y mala calidad? Planteada desde el sector subvencionado, en particular desde el municipal, la pregunta podría especificarse en por qué hay tan pocas de buen rendimiento y tantas de bajos resultados de aprendizaje en sus alumnos. La investigación reciente ha constatado algo que parece de sentido común: en las de buen rendimiento (según el Simce) hay una suma de elementos: profesores efectivos (los que consideran terminado su trabajo si los alumnos aprenden), buen clima organizacional (liderazgo directivo) y, en general, una buena dotación de fondos para el aprendizaje, incluyendo textos, computadores, laboratorios, etc.
Esto bastaría para explicar que la mayoría de los buenos resultados se relacionan de forma directa con el nivel socioeconómico de los establecimientos y sus comunas por razones simples: la subvención que de modo relativamente parejo entrega el Mineduc a los municipios y a las escuelas particulares subvencionadas puede ser complementada y aumentada por dos vías: en primer lugar, por aportes municipales extraordinarios, más factibles mientras mayor sea el nivel socioeconómico de la comuna; y en segundo lugar por el financiamiento compartido (restringido a los particulares subvencionados de nivel básico y medio y a los municipales medios).
Ambos mecanismos hacen que colegios de sectores o comunas de mayor nivel puedan disponer de un mayor per cápita por alumno para invertir en salarios o bonos a los docentes. Es esta disparidad la que las políticas focalizadas y de compensación han intentado equiparar, con éxito relativo, desde 1990.
Podría pensarse que hay que persistir -con lo difícil e incluso imposible que resulta- y tal vez lleguemos a la equidad educativa, estado ideal en que la disposición de insumos es tal que se logran resultados equivalentes o al menos no relacionados con la clase social del alumno o la comuna del colegio.
Pero hay elementos de la investigación, en Chile y el exterior, que levantan con más fuerza una evidencia: una escuela de buena calidad o al menos una cuyo rendimiento es mejor al promedio está formada, aparte de los atributos anteriores, por ciertos alumnos, en general de más alto capital cultural, lo que muchas veces se une a ciertas características sociales y familiares deseadas por los establecimientos al admitirlos. Esto adquiere características socialmente inequitativas por dos aspectos del ordenamiento educacional: el llamado school choice (o posibilidad de elección de escuela) y la baja o nula regulación que existe cuando la escuela tiene más postulantes que cupos, lo que posibilita, en contrapartida, la selección.
Esto conduce a una paradoja. Cuando una escuela mejora su rendimiento con acciones diversas a las que desde el Estado y desde organizaciones variadas se han implementado, potencia la calidad de su oferta y, por ende, generará un aumento de sus postulaciones: la escuela será más demandada y lo será, al mejorar su calidad, por quienes antes no postulaban. Al no estar regulada desde el exterior la relación postulantes-vacantes, podrá seleccionar. ¿Qué hará que ella prefiera a los de más bajo capital cultural y social? ¿Qué pasará con los no seleccionados? ¿Con los que sean instados a dejar la escuela, bajo formas a veces sutiles y en ocasiones no tanto, ahora que la escuela pueda reemplazarlos y mantener su nivel óptimo de matrícula?
Los des-seleccionados irán a otras escuelas donde grados menores de selección les permitirá ingresar, generando un “nomadismo escolar” en que ciertas escuelas captarán a los mejores y otras a los de menor proyección de rendimiento.
Si a esto se le agrega la débil capacidad gubernamental para igualar fondos, tendremos la generación permanente de escuelas de bajo rendimiento en la medida que se generan otras de más rendimiento. Las primeras suman a alumnos académicamente más débiles, las segundas a los más fuertes. ¿Esta es la educación de una sociedad democrática? En el actual ordenamiento y regulación es un callejón sin salida, en que su concreción es una sostenida segmentación educativa.
Pero este diagnóstico fatalista -no por eso menos real- es reversible. Se necesita una mayor o mejor regulación del sistema. El tema no es que no esté regulado, sino que el modo en que lo está genera procesos y resultados que no son del todo compatibles con los objetivos en una sociedad democrática, que debe concebir la educación como un bien público fuertemente equitativo en su provisión.
Para evitar el fatalismo es necesaria una regulación que distribuya recursos humanos y materiales en los establecimientos y evite que ellos se concentren o depriven en algunos colegios por efectos del tipo de regulación actual.
Chile necesita una nueva regulación de su sistema educacional, que sin dañar el school choice o la libre elección de las familias, impida o disminuya la posibilidad que los colegios seleccionen alumnos o si lo hacen, sea sobre la equidad educacional.
Para tener una educación digna de una sociedad democrática parece importante: a) una mirada sobre la dinámica global del sistema educativo, entendiendo que cuando los colegios más aventajados se “escapan”, esto tiene efecto inequitativo sobre quienes no tienen iguales ventajas; b) regulaciones que permitan un adecuado gasto e inversión por alumno de modo que, como en naciones de gran desarrollo educativo, las diferencias reales de gastos no superen la relación de 1 a 2 y que además la cantidad mayor se aplica muchas veces a los más pobres; c) regulaciones que impidan que la sobredemanda o selección de un colegio no se regule por decisión de éste, sino por métodos formales que tienen que ver con equidad social.
El azar (mediante sistemas de loterías en la admisión, como con las escuelas independientes en EEUU) parece bastante más equitativo que la actual selección por rendimientos que muchas veces oculta la selección por origen social o familia, lo que entonces más que una selección es una discriminación.
Es deber de un estado democrático que todas estas regulaciones se apliquen idealmente y en principio a todo el sistema educativo, si no es posible a todos los que reciben subvención, y si no, a todo el sistema que tiene su origen en fondos públicos, como es el sector municipal.

Nueva Ficha de protección Social

En busca del Chile real: debuta nueva Ficha de Protección Social

Desde hoy la población vulnerable asomará desde cada rincón. La encuesta
-vital para distribuir $479 mil millones en subsidios- incluye variables de riesgo como hacinamiento, disponibilidad de servicios básicos, allegamiento, precariedad laboral y condicionantes sociales de la salud. No esconda la tele: se acabó la ficha CAS.
Antonio Valencia
La Nación
Si dos terceras partes del frondoso presupuesto 2007 serán destinados a gasto social, la idea, según la ministra de Planificación, Clarisa Hardy, es asignar de la mejor y más justa forma dichos recursos. Que nadie se quede afuera y que nadie burle el sistema y prive del subsidio a quien más le urge obtenerlo. Para ello era necesario sepultar una herramienta obsoleta como la ficha CAS, y crear un nueva.
Y así fue: la Ficha de Protección Social hará hoy su estreno en sociedad. La Presidenta Michelle Bachelet se encargará de dar el vamos a uno de ejes fundamentales de su Gobierno. Desde hoy y hasta abril de 2007, más de dos mil encuestadores capacitados e identificados con sus respectivas credenciales aplicarán el cuestionario a un millón 900 mil familias que viven en un millón 600 mil viviendas.
Bajo el lema ‘Ábrenos tu puerta’, el Gobierno invita a los alrededor de siete millones de personas con ficha CAS vigente (hasta 600 puntos), a identificarse y entregar la información que solicita la Ficha de Protección Social. Para el proceso el Estado dispuso de un aporte adicional a los municipios por un monto cercano a los dos mil setecientos millones de pesos.
No importa tenencia de bienes
La nueva ficha, señaló la ministra Hardy, da un giro desde el enfoque de carencias utilizado hasta ahora, hacia uno centrado en los riesgos y factores de vulnerabilidad de las familias chilenas. La ficha CAS, por ejemplo, no consideraba aspectos vinculados a la salud -enfermedades, discapacidad, alcoholismo, drogadicción, tiempos de acceso a recinto asistencial, etc.-, como condicionante social. Hoy tales factores son centrales. Tanto como sepultar la perspectiva de tenencia de electrodomésticos como factor determinante a la hora de ponderar el puntaje que brinda acceso a subsidios sociales. “Ese es uno de los mayores cambios. No se pide información acerca de enseres o equipamiento de la vivienda. Lo que realmente importa es si tienen o no disponibilidad de agua potable o alcantarillado, por ejemplo, y conocer el nivel de allegamiento y hacinamiento”, explica Hardy.
Temporalidad y trabajo infantil
Otro de los puntos fuertes de innovación es que la nueva encuesta se centra en la calidad del empleo, su temporalidad y precariedad. “Además, en materia ocupacional, por primera vez se preguntará a todos los miembros del hogar mayores de 12 años, lo que nos permitirá conocer información sobre trabajo infantil y cruzarlo con las causales de deserción escolar”, dice la ministra.
El nivel de educación ya no se considerará un elemento aislado, sino parte de un conjunto de factores relevantes que permiten proyectar la capacidad generadora de ingresos de los miembros de la familia en edad de trabajar.
En materia de ingreso, Hardy destaca que, además de integrar al cálculo pensiones y jubilaciones, por primera vez se promediará un ingreso anual de cada uno de los miembros de la familia. Esto dado el nivel de trabajos esporádicos, temporales y variables que no siempre quedan reflejados en el momento en que dicha persona es encuestada.
El factor nacionalidad también hace su debut, dado el nivel de migración, mientras que la pertenencia a un pueblo originario se incluye como nunca antes. También se considerarán como parte de la familia a quienes están temporalmente fuera de la casa, por ejemplo, estudiando en otras regiones o que puedan estar presos.

Nada más que la verdad
Hardy explicó que las familias sólo deben esperar que el encuestador pase por su casa. Añadió que este profesional portará una credencial que debe ser exigida por la persona que vaya a contestar la encuesta, y precisó que no se podrá cobrar dinero por hacer la encuesta.
Al momento del sondeo, la familia debe presentar cédula de identidad de todos sus miembros y otros documentos según corresponda: carné de control del embarazo, de control del niño sano menor de 6 años, de control de cada persona mayor de 60 años o certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, por ejemplo. También se pedirán las últimas colillas de pago de sueldos, jubilaciones, pensiones, subsidios de los miembros de la familia que reciben ingresos.
Cada persona que conteste la encuesta deberá revisar la información anotada por el encuestador y firmar una declaración que está impresa en la ficha. Si no firma, automáticamente se margina del proceso, con el obvio riesgo de no recibir subsidio social alguno. La información que entregue la familia será verificada computacionalmente por Mideplan para verificar su autenticidad.
“Esto da garantías para que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesiten. Si se comprueba adulteración de datos se le quitan los beneficios. Si hay error por omisión u olvido, existe la posibilidad de ser reencuestada”, aclara la ministra.
Las autoridades de Mideplan anticipan que durante diciembre y enero se entregará en las oficinas del INP, junto a los pagos de pensiones, un díptico con esta información y con una planilla para anotar los ingresos anuales de la familia, de modo que acelerar el proceso de encuestaje.
“Creemos que la ficha CAS dejó de medir la nueva realidad social de la pobreza y de la vulnerabilidad. Nuestra intención es que se distribuyan de manera más justa los beneficios sociales”, dice la secretaria de Estado.
Los resultados de la encuesta y los respectivos puntajes de las familias postulantes a asignaciones sociales serán publicados en mayo de 2007.
Durante 2006, el Estado destinó 218 mil millones de pesos en pensiones Pasis beneficiando 414 mil chilenos. Otros 46 mil millones de pesos fueron asignados a Subsidio Único Familiar, atendiendo a 967 mil personas. Para subsidios de agua potable se destinaron 34 mil millones de pesos destinados a 747 ciudadanos, en tanto durante 2005, poco más de 178 mil millones de pesos fueron distribuidos entre los 35 mil beneficiarios de subsidios habitacionales. LN

Variables en materia de vivienda
• Tenencia del sitio /Tenencia de la vivienda.
• Familia principal de la vivienda.
• Fuente y distribución de agua de la vivienda.
• Sistema de eliminación de excretas / Uso de baño.
• Número de habitaciones que usan como dormitorios, excluyendo baño y cocina.
• Número de personas (residentes permanentes) no incluidas en la ficha que utilizan los mismos dormitorios.

Preguntas para sondear calidad del empleo
• Impone o cotiza.
• Trabaja actualmente. Trabajó los últimos 30 días. Tuvo empleo en los últimos 30 días del que se ausentó.
• Buscó trabajo en los últimos 2 meses. Inscripción en OMIL.
• Semanas buscando trabajo. Razones de no búsqueda.
• Ocupación: Experiencia laboral. Rama, temporalidad, permanencia, contrato, relación contractual, horas semanales, meses en el año. Capacitación laboral.

Factores considerados en educación
• Asistencia. Matrícula escolar para todos los miembros del grupo familiar. Razones de no asistencia a clases.
• Curso. Tipo de estudios cursados o cursándose.
(El nivel educacional se considera relevante para determinar la capacidad generadora de ingresos de los miembros de la familia. El sistema de información verifica computacionalmente el establecimiento donde cada alumno está matriculado y actualiza periódicamente esa información).

Cuestionario para ítem de salud
• Tiempo de traslado al servicio de urgencia más cercano.
• Controles: embarazo, salud del niño y adulto mayor.
• Consumo problemático de alcohol y/o drogas.
• Dificultades visuales, auditivas y/o en el habla. Problemas mentales. Inscripción Rregistro Nacional Discapacidad.
• Evaluación de dependencia: Para salir a la calle, asearse o alimentarse, desplazarse dentro de la vivienda, control de esfínteres.
Once diferencias entre la antigua y nueva encuesta
Antes: ficha cas
1) No hay una definición estandarizada de la familia como unidad de análisis.
2) No considera aspectos de la salud de la población.
3) Considera en el cálculo de puntaje la tenencia de bienes como calefont, lavadora o refrigerador.
4) Considera la educación como elemento aislado.
5) No distingue a los allegados internos de cada vivienda y no considera el hacinamiento.
6) No incorpora preguntas que informen sobre las formas de precariedad del empleo.
7) Carece de un enfoque regional.
8) No se incluye la pertenencia a pueblos originarios.
9) No se incluye la pregunta por personas en situación de calle.
10) Se codifica la recepción de los subsidios y no el monto.
11) La forma de medir las condiciones de la vivienda no permite identificar grados de precariedad porque considera la presencia de determinados materiales y no los materiales predominantes.

Ahora: ficha de protección social
1) Se define a la familia como una o más personas que viven en la misma casa y comparten un presupuesto y en alimentación.
2) Captura información sobre grados de dificultad para ejercer funciones básicas. Se identifica el embarazo.
3) No incluye equipamiento del hogar.
4) Concibe la educación como una variable relevante para caracterizar la capacidad generadora de ingresos
5) Distingue allegamiento y hacinamiento.
6) Contempla preguntas que indagan sobre la calidad del empleo de las personas.
7) Considera las diferencias regionales y por zona. urbano/rural en relación a los determinantes de ingreso de las personas.
8) La nueva ficha incluye a las personas indígenas.
9) Incluye a personas que viven en situación de calle.
10) Incluye recepción y monto del subsidio monto.
11) No recoge información respecto a las condiciones y materialidad de la vivienda, sino sólo la tenencia de ésta.

Concejo propone sortear cupos en las Escuelas

Consejo propone sortear los cupos de escuelas con financiamiento estatal

Cuando la demanda supere la oferta, el Consejo pide una selección transparente. Una de las fórmulas que postula es sortear los cupos, de modo de aceptar sin condiciones sociales, económicas o de rendimiento a los alumnos que postulan a un centro educacional, público o subvencionado, que recibe apoyo del Estado.
La Nación

Katerinne Pavez

Nadie está de acuerdo con la discriminación negativa. Por eso, el Consejo Asesor distingue entre ésta y la selección de alumnos que hacen las escuelas que reciben financiamiento público, uno de los temas más criticados del actual sistema educativo. No extraña, entonces, que existan varias propuestas sobre el tema en el borrador final del informe de la mesa asesora presidencial.
Aunque uno de los puntos del documento expresa la prohibición de seleccionar estudiantes, muchas veces la demanda supera a la oferta y es necesario elegir a los estudiantes. En esos casos se propone crear mecanismos más transparentes para el ingreso de los alumnos a los diferentes establecimientos que reciban dinero estatal, sean particulares o municipales.
Entre las medidas planteadas destaca la de “sortear” los cupos disponibles en cada curso, aunque sin especificar si se adoptaría en toda la escolaridad o en un ciclo.
Rodrigo Bosch, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares y miembro de la Comisión Marco Regulatorio, cree que este sistema debe aplicarse en el primer ciclo básico. “En los primeros niveles de escolaridad no se justifican las pruebas de ingreso, sobre todo en quienes manejan recursos públicos”. En ese contexto, la idea del sorteo le parece bien, pero siempre y cuando se controle su cumplimiento.
Para Darío Vásquez, vicepresidente del Colegio de Profesores y miembro de la Comisión de Institucionalidad, la selección es evitable, pero cree que la idea del sorteo “suena poco serio”.
De allí que el informe del Consejo deje abierta esta posibilidad, pero también proponga otras alternativas, como la integración de alumnos vulnerables u ofrecer matrículas a los hermanos de quienes ya están en el colegio. La única condición: que la selección sea transparente.
Controlar cumplimiento
Pero la actual LOCE ya contiene tal criterio, pues se indica que los procesos de selección de alumnos “deberán ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familias”. ¿Qué falló entonces? Bosch dice que “el énfasis debe estar más en el control que ejerza el Ministerio de Educación, que en la propia ley”. Para Vásquez falta “eliminar las incongruencias de la LOCE que permiten la discriminación”.
Ambas ideas están reflejadas en el informe. Para asegurar la no discriminación se propone una revisión exhaustiva de la ley, pero además que “la Agencia de Aseguramiento de la Calidad, que se plantea crear, haga observaciones a situaciones susceptibles de ser discriminatorias”.
Meritocracia
El documento contempla también el ingreso a través de un sistema basado en el mérito de los estudiantes, en el caso de establecimientos que obtengan el grado de excelencia académica. El Consejo formula este sistema para la enseñanza media. La idea es aceptar alumnos a través de pruebas de rendimiento, conocimiento y habilidades, tal como actualmente lo hace el Instituto Nacional.
Pero no todos están de acuerdo. Para Darío Vásquez, esta “meritocracia” no es buena para el sistema, pues sólo la integración de alumnos destacados con otros menos aventajados permitirá que estos últimos se superen. LN

Como terminar con el apartheid eduactivo

Cómo terminar con el “apartheid educativo”
La Nación
Katerinne Pavez
A partir del debate del Consejo Asesor Presidencial, amplios sectores de la sociedad han concordado en revisar las bases del sistema educativo. En la entrega de su primer informe, a fines de septiembre, un punto importante quedó pendiente: el financiamiento de la educación.
Éste es, precisamente, el tema de la investigación que un grupo de académicos de la Universidad de Chile, liderados por Jesús Redondo, director del Observatorio de Políticas Educativas (Opech), dará a conocer los primeros días de noviembre. Las conclusiones del trabajo son elocuentes: “La evidencia de estos 25 años demuestra que hemos logrado gastar más (los últimos 15 años), aumentar la cobertura escolar, pero no mejorar la calidad integral de la educación; al tiempo que hemos creado un sistema escolar “conscientemente estructurado en clases sociales. Chile, en la actualidad, es el único país del mundo que utiliza la subvención a la demanda como único mecanismo de financiamiento de la educación”, dicen.
Este sistema de subvención consiste en que la mayor parte del financiamiento de las escuelas municipales y particulares subvencionadas se obtiene mediante el pago por asistencia de los alumnos a clases.
El Observatorio propone que, además de esta vía, se potencien los logros, mediante incentivos económicos para quienes fomenten la convivencia democrática, la asistencia y retención escolar, la integración de niños vulnerables, el aumento en el valor agregado del Simce o innovación tecnológica, entre otros. Todo, según los estándares de calidad fijados por el Ministerio de Educación.
También postulan -en sintonía con el Consejo Asesor- la creación de unas 60 corporaciones públicas locales, que aseguren que cada comunidad pueda manejarse de manera autónoma. Esto implicaría, necesariamente, una reforma al sistema municipal de educación. Las entidades serían financiadas “mediante convenios, basados en la utilidad pública de sus servicios”. En este esquema, también se incluiría a los establecimientos particulares subvencionados.
De allí que el informe ponga el acento en la educación pública, actualmente en manos de los municipios. “Siete de cada diez pesos gastados en educación son administrados por instituciones privadas o provienen de esa fuente” y que “cuando el gasto público cede protagonismo al gasto privado en países que no han logrado construir las bases de un proyecto educativo de calidad para todos, la segregación es una consecuencia inevitable”.
El peso del territorio
Comparar la educación municipal de comunas tan dispares como Cerro Navia y Vitacura muestra la segregación social de la educación.
La primera quintuplica la cantidad de alumnos matriculados en colegios municipalizados en comparación con Vitacura, sin embargo, sólo cuenta con un presupuesto para educación de un poco más del doble.
Para que un colegio municipal de Cerro Navia, sin considerar inversión en infraestructura, comience a funcionar como un colegio municipalizado de Vitacura, debería recibir una subvención de $ 97.100 por cada alumno. Esto sin considerar las diferencias de origen, lo que obligaría a una subvención aún mayor”, dicen en la Opech.