La última pinguinada ?

¿La última pingüinada?
Las flagrantes contradicciones de las autoridades y las desmovilizaciones de los estudiantes dejaron “para marzo” los exámenes finales que ambos actores deben rendir sobre el futuro de la educación.
Hugo Mery
Las intensas acciones judiciales de los últimos días, para revertir la expulsión de más de un centenar de alumnos secundarios, son los coletazos del rebrote de las movilizaciones estudiantiles de la semana pasada. Las protestas solidarias que se anuncian puede que -al igual que aquéllas- no alcancen mayor intensidad, pero sería arriesgado presumir que se trate sólo de una “última pingüinada” de los segmentos más radicalizados del movimiento.
Porque todo lo ocurrido da cuenta de una genuina impaciencia de la masa estudiantil por los signos negativos que persisten en el futuro de la educación chilena. Que en las últimas movilizaciones no estuvieran todos los que son y que una minoría se tomara los liceos no significa que el mar de fondo que salió a la superficie en mayo último no siga existiendo. Al compromiso de los alumnos que rendirán la PSU se unió la “lata” de todos de que el calendario se prolongase hasta los meses de verano. Eso es por ahora inmovilizante. Pero es previsible que el próximo año se produzcan nuevas marchas y que los pingüinos recargados podrán ejercer mayor presión a las autoridades, con todo lo que aprendieron en mayo y junio para mejor marchar.
Como nos decía uno de los damnificados por la impaciencia de los jóvenes, el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez -acusado de “arreglarse los bigotes” con el gobierno por el petitorio magisterial-, lo más probable es que aún en el caso de que el gobierno recoja las demandas de los actores educacionales, la discusión legislativa que se avecina sea ardua.
En el Parlamento se reproducirá lo que se ha visto en el Consejo Asesor Presidencial: sus 81 integrantes están divididos, grosso modo, entre los que quieren un mayor compromiso público con la calidad y la regulación de la enseñanza y los que la desean más librada aún al mercado las fuerzas educacionales. Estos últimos estiman que el sistema dejado por el régimen militar no ha funcionado satisfactoriamente porque los gobiernos democráticos le han puesto demasiadas cortapisas.
Como el informe final que emita el Consejo el próximo 11 de diciembre no tiene carácter vinculante, la Presidenta de la República recogerá o no sus recomendaciones. Pero las prevenciones que haga la minoría de ese organismo resurgirán con el poder de los votos de quienes deciden el destino de la reforma de la LOCE, es decir, los parlamentarios de la derecha.
Por ahora, quedó un saldo amargo de las últimas movilizaciones, por el recrudecimiento del rigor policial en las calles, después que el Gobierno aprobara el desalojo, dispuesto por las autoridades edilicias, de los liceos tomados. En mayo a los alumnos se les dijo que era mejor que permanecieran en sus establecimientos. Ahora que los alcaldes los echaron, no los dejó marchar por las calles. Y como corolario, no se pronunció claramente frente a las expulsiones de 44 estudiantes por el alcalde de Providencia, ni ante su anuncio de que no dejará que se matriculen en ninguna escuela municipal de su comuna. Con esto, Labbé no sólo coarta el derecho constitucional a la enseñaza de los estudiantes que se movilizaron -la mayoría menores de edad-, sino que se arroga públicamente funciones que la ley asigna a los consejos directivos de los planteles. Y si bien éstos tienen como jefe al alcalde, deben seguir un procedimiento administrativo en el que los descargos y la apelación constituyen instancias que no se pueden negar como parte del debido proceso.
Lo ocurrido con estas expulsiones -y las dictadas en el liceo N0 1 de niñas, el Barros Borgoño y el Carolina Llona de Maipú- no hace sino aumentar la brecha entre las autoridades y los adolescentes, por lo que dicen y hacen aquellas. La ministra de Educación y el portavoz de Gobierno mostraron comprensión hacia los expulsados, pero mientras la primera dijo que nada podía hacer, el segundo aseguró que, aunque no era partidario de las sanciones, había ciertos límites que los estudiantes traspasaron. El alcalde de Santiago se congratuló de que no hubiese necesidad de medidas drásticas, por el desenlace en general pacífico de las tomas, pero la directora del principal liceo de niñas de la comuna sancionó a 27 alumnas. La directora del Victorino Lastarria, que apareció acatando lo dispuesto por el alcalde de Providencia, dejó creer a los apoderados que suspendería las expulsiones mientras los tribunales se pronunciaran sobre ellas, pero luego hizo un desmentido público. Dos ex ministros de Educación, Sergio Bitar y el mismísimo Martín Zilic -víctima del golpe de los pingüinos del primer semestre- rechazaron la represión a la legítima impaciencia de los estudiantes.
Que ahora la reversión de las expulsiones dependa de los tribunales es una judicialización más de los problemas políticos y sociales. Lo que queda claro, tras todas estas incidencias, es que tanto los alumnos como el Gobierno quedaron “para marzo” en sus exámenes finales sobre el futuro de la educación chilena.